El Gobierno de Colombia ha emitido un nuevo decreto que modifica el régimen arancelario para las importaciones desde Ecuador, estableciendo gravámenes de 35%, 50% y 75% que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2026. Esta decisión responde a lo que Bogotá califica como una «flagrante violación» de los acuerdos de libre comercio por parte del gobierno de Daniel Noboa.
El origen del conflicto
La crisis comercial escaló a inicios de 2026 cuando Ecuador limitó el tránsito de mercancías colombianas exclusivamente al paso de Rumichaca e impuso una «tasa de seguridad» del 30%. Según el documento oficial, Ecuador incrementó esta tasa al 50% en marzo y anunció recientemente un alza al 100%. Ante este escenario, Colombia argumenta que sus exportaciones han dejado de ser económicamente viables, afectando la seguridad nacional y la estabilidad de sus productores.
Medidas de reciprocidad
El decreto colombiano busca equilibrar las condiciones de competencia mediante la aplicación de aranceles específicos a diversos sectores:
- Arancel del 75%: Se aplicará a productos clave como arroz, azúcar, aceites vegetales, café y ciertos derivados del petróleo.
- Arancel del 50%: Afectará a productos como neumáticos, tableros de madera, papel y cartón, además de ciertos crustáceos.
- Arancel del 35%: Recaerá sobre importaciones de frijoles, bananos, cacao y atún.
Un panorama económico sombrío
El documento advierte sobre consecuencias devastadoras para el comercio bilateral. Se proyecta que las importaciones de productos ecuatorianos en Colombia caigan un 75% (aproximadamente USD 640 millones menos). Por su parte, las exportaciones colombianas hacia Ecuador podrían desplomarse un 79%, lo que representa una pérdida de USD 1.452 millones anuales.
El Gobierno colombiano ha señalado que esta medida es de carácter «urgente e inaplazable» para disuadir las acciones de Ecuador y proteger la soberanía alimentaria del país. No obstante, el decreto incluye un parágrafo que ordena la revisión de estas tarifas en un plazo de dos meses tras su implementación para evaluar el estado de la controversia.
